Ejercicios
Este cuestionario aborda la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de contratación pública. Evalúa la identificación de amenazas, el análisis de probabilidad e impacto, la selección de controles, la segregación de funciones y el seguimiento contractual. Incluye situaciones prácticas relacionadas con la competencia, la recepción de bienes, las modificaciones contractuales y los indicadores de alerta temprana.
Responde las preguntas a continuación y revisa la explicación de cada respuesta.
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La gestión de riesgos permite anticipar eventos inciertos, valorar sus posibles efectos y establecer medidas preventivas o correctivas. No puede eliminar toda incertidumbre ni transferir responsabilidades propias de la entidad.
El estudio del mercado realizado durante la planificación permite conocer la oferta disponible, ajustar los requisitos y reducir el riesgo de una competencia insuficiente.
La combinación de una probabilidad muy alta y un impacto alto produce una exposición elevada. El riesgo requiere tratamiento prioritario, responsables definidos y monitoreo frecuente.
La segregación de funciones evita que una sola persona controle etapas incompatibles. Así se reducen los riesgos de error, favoritismo, fraude y aprobación indebida de pagos.
Los errores coincidentes, los datos compartidos y los precios coordinados son señales de alerta de colusión. La entidad debe examinarlas y activar los procedimientos de verificación correspondientes.
Una póliza permite transferir o compartir determinadas consecuencias financieras con una aseguradora. La entidad conserva el deber de supervisar el riesgo y las obligaciones del contrato.
La recepción debe contrastarse con las condiciones pactadas. Una diferencia debe documentarse y gestionarse antes del pago, mediante corrección, recepción parcial u otras medidas previstas en el contrato.
El riesgo residual es la exposición que permanece tras aplicar controles. Debe compararse con el nivel de tolerancia para decidir si se necesitan medidas adicionales.
Las modificaciones deben contar con justificación, análisis de impacto y aprobación formal. Esto permite comprobar su legalidad, necesidad y relación con el objeto originalmente contratado.
Una brecha sostenida entre avance programado y real funciona como alerta temprana de retraso. Deben investigarse sus causas y acordarse acciones; el indicador, por sí solo, no demuestra fraude.
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