32. Ley de Quiebras

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La Ley de Quiebras, oficialmente conocida como Ley 11.101/2005, es un instrumento legal brasileño que regula la recuperación judicial, la recuperación extrajudicial y la quiebra de empresarios y sociedades mercantiles. La Ley es de fundamental importancia para el sistema financiero y para el mercado crediticio en su conjunto, ya que establece reglas claras para la resolución de empresas en dificultades financieras y para la protección de los derechos de los acreedores.

La quiebra es un proceso legal que comienza cuando una empresa ya no puede pagar sus deudas. El propósito de la quiebra es liquidar todos los activos de la empresa para pagar a sus acreedores y cerrar sus actividades. La quiebra es decretada por un juez y el proceso es administrado por un síndico designado por el juez.

La recuperación judicial, por otro lado, es un proceso que permite a una empresa en dificultades financieras reestructurar sus deudas y continuar con sus operaciones. El objeto de la recuperación judicial es preservar la empresa, su función social y estimular la actividad económica. La recuperación judicial es otorgada por un juez y el proceso es supervisado por un administrador judicial. El plan de recuperación debe ser aprobado por los acreedores de la empresa.

La recuperación extrajudicial es un acuerdo de reestructuración de deuda negociado entre la empresa y sus acreedores. El acuerdo es ratificado por un juez y tiene fuerza de sentencia judicial. La recuperación extrajudicial es más rápida y menos costosa que la recuperación judicial, pero requiere la adhesión de una gran mayoría de los acreedores de la empresa.

La Ley Concursal también establece el orden de preferencia para pagar a los acreedores en caso de concurso. En primer lugar, se pagan los créditos laborales de hasta 150 salarios mínimos por acreedor y los derivados de accidentes de trabajo. En segundo lugar, los créditos con garantía real se pagan hasta el límite del valor del bien gravado. En tercer lugar, se pagan los créditos fiscales y los créditos con privilegio especial, como los que resultan de la enajenación fiduciaria. En cuarto lugar, se pagan los créditos con privilegio general, como los salarios de los últimos tres meses. En quinto lugar, se pagan los créditos no garantizados, como los derivados de contratos y préstamos. En sexto lugar, se pagan los créditos subordinados, como los derivados de multas administrativas.

La Ley Concursal también prevé la responsabilidad de los administradores de la sociedad en caso de quiebra. Los directores pueden ser responsables civil y penalmente si contribuyen a la quiebra de la empresa a través de actos ilegales o imprudentes. La responsabilidad de los directores se determina en un caso judicial separado.

En definitiva, la Ley Concursal es una herramienta fundamental para la gestión de riesgos en el sistema financiero. Establece reglas claras para la resolución de empresas en dificultades financieras y para la protección de los derechos de los acreedores. La Ley contribuye a la seguridad jurídica y la estabilidad del mercado crediticio, favoreciendo el desarrollo económico y la creación de empleo.

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